Participación de CAOI y ECUARUNARI en Río+20 (Brasil)

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Río+20: Omisiones y debilidades del texto en negociación

 

Miguel Palacín Quispe, Coordinador General CAOI

Las negociaciones oficiales en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible han ingresado a su etapa final con la presentación de un documento de negociación presentado por Brasil, el Estado anfitrión, que sigue siendo discutido. Es un texto de 20 páginas y 287 parágrafos que muestra algunos tímidos avances en materia de reconocimiento de derechos, pero insiste en un modelo único de desarrollo sostenible que no incorpora la diversidad cultural y se resiste a reconocer a la Madre Tierra como sujeto de derechos.

El documento insiste en los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, ambiental y social) acordados hace veinte años y que no han hecho sino profundizar la crisis, al enfatizar el pilar económico para definir las políticas ambientales e ignorar el pilar social. Textualmente, el texto apenas reconoce “la diversidad natural y cultural del mundo” y “que todas las culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible”. Los pueblos indígenas planteamos la incorporación expresa del pilar cultural, a fin de garantizar el reconocimiento de todas las visiones y prácticas de desarrollo, en particular las de aquellas culturas que, aunque diversas, nos identificamos en un modelo de diálogo y armonía con la Madre Tierra.

Particularmente grave es considerar la minería como una actividad compatible con el desarrollo sostenible, siendo la minería una de las actividades más dañinas para la conservación de la Madre Tierra y que más impactos causa en la vida y la cultura de los pueblos.  

Luis Contento, vicepresidente de ECUARUNARI en una de las intervenciones

Derechos y participación

El documento propuesto por Brasil señala: “Somos conscientes de que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que la Madre Tierra es una expresión común en varios países y regiones, y tomamos nota de que algunos países reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que a fin de lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y medio ambiente de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza”.

Es decir, los Estados siguen resistiéndose a reconocer a la Madre Tierra como sujeto de derechos y a adoptar, en consecuencia, una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, como venimos planteando los pueblos indígenas en diversos escenarios internacionales y hemos reiterado en Río+20.

El “hincapié en la importancia de la participación de los pueblos indígenas en el logro del desarrollo sostenible” y el reconocimiento de “la importancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el contexto de aplicación a nivel mundial, regional, nacional y subnacional de las estrategias de desarrollo sostenible” solo representarán un avance si este reconocimiento se materializa en salvaguardas de derechos para todos los programas de desarrollo sostenible.

En el mismo sentido, el “pleno respeto del derecho internacional y sus principios” debe incluir, en la práctica, el principio de progresividad. Nos referimos concretamente al requisito del consentimiento previo, libre e informado, ya reconocido por el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y que por tanto debe hacerse extensivo a todo aquello que involucre a los pueblos indígenas, en todos los ámbitos.

Lo mismo rige para el fomento de la participación de la sociedad civil en el que insiste el texto presentado por Brasil. Esto debe significar que todas las instancias de las Naciones Unidas deben crear espacios de participación para los pueblos indígenas, como existen en el CDB, pero no solo en calidad de observadores sino con poder de decisión. La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, adoptó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales hace 23 años y su estructura sigue siendo tripartita, sin que se haya creado un espacio para los pueblos indígenas.

Responsabilidades históricas y con el futuro

El texto reitera el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”.  Un principio que solo se hará realidad si los países industrializados y las corporaciones multinacionales asumen su deuda histórica con los pueblos y la Madre Tierra, acumulada en siglos de depredación, saqueo, contaminación y colonialismo. Y si se comprometen a cambiar sus patrones de consumo y su matriz energética basada en los combustibles fósiles, fijándose también metas reales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

De no ser así, toda declaración acerca de la “diversificación de la matriz energética”, citada en el documento, seguirá siendo un discurso hueco. Peor aun si se insiste en las soluciones de mercado, como los proyectos REDD+ a los que alude el texto propuesto.

Glaciares, agua, biodiversidad

El texto propuesto por Brasil reconoce los riesgos que corren los Estados insulares, pero no señala como una de las causas el creciente retroceso de los glaciares, a fin de tomar medidas para su protección. Lo mismo ocurre con el tema de los desastres, porque la desglaciación es una de sus causas. Los pueblos indígenas planteamos expresamente declarar la intangibilidad de los glaciares, las cuencas hídricas, los páramos y las zonas de alta biodiversidad, para que se prohíban en todos ellos las actividades extractivas.

Esto nos lleva al tema del agua, a la que el documento que se negocia solo se refiere para garantizar el acceso a los servicios, pero no dice nada respecto a la indispensable protección de las fuentes hídricas, porque se sigue considerando al agua como un recurso o un servicio, no como un ser vivo ni como un derecho universal.

El documento reconoce “la importancia de las prácticas tradicionales de agricultura sostenible, incluyendo los sistemas tradicionales de suministro de semillas, incluidas las de muchos pueblos indígenas y comunidades locales”. Y que “los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales hacen una importante contribución a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y su aplicación más amplia, puede apoyar el bienestar social y de medios de vida sostenibles. Además, reconocemos que los pueblos indígenas y las comunidades locales a menudo dependen más directamente de la biodiversidad y los ecosistemas y por lo tanto son a menudo más inmediatamente afectados por su pérdida y degradación”.

Sin embargo, no dice nada respecto a la protección de los conocimientos tradicionales de su mercantilización. Solo reconoce los derechos de los Estados nacionales sobre los recursos genéticos, pero no que los pueblos indígenas somos los que más los hemos desarrollado, otorgando alimentos indispensables para el mundo.

El documento continúa restringiéndose a hablar de “seguridad alimentaria”, pero una propuesta de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas en particular es garantizar la soberanía alimentaria, a fin de proteger los recursos genéticos y ejercer el derecho a decidir que sembramos y qué comemos.

Ciudades y educación

Otro tema es el de las “ciudades sostenibles”, en el que el documento no hace referencia alguna a todo aquello que obliga al desplazamiento de los pueblos indígenas hacia las zonas urbanas debido a la invasión y saqueo de sus territorios por la minería y otras actividades extractivas o megaproyectos como represas hidroeléctricas y grandes carreteras que impactan sobre nuestros derechos fundamentales.

De manera similar, el tema de la educación es abordado de manera pobrísima, nuevamente como un servicio y no como un derecho. No se pueden discutir mejoras curriculares y oportunidades de acceso sin empezar por plantearnos que la educación debe ser intercultural, desde la producción de contenidos propios, que no se limiten al bilingüismo sino que constituyan un camino para lograr la convivencia armónica y respetuosa entre los pueblos y la reafirmación de la identidad, desde la defensa de la vida y para garantizar un futuro a las próximas generaciones.

Río de Janeiro, 18 de junio del 2012

Río+20: La minería debe excluirse como actividad sostenible

El texto que se negocia en Río+20, propuesto por Brasil, insiste en incluir la minería como actividad del desarrollo sostenible. Los pueblos indígenas planteamos claramente que la minería es incompatible con el desarrollo sostenible. En los Andes, particularmente, esta actividad es la que mayores conflictos sociales provoca al imponerse en los territorios indígenas.

Esto desmiente lo que dice el documento respecto a que la minería “es importante para todos los países con recursos minerales, en particular los países en vías de desarrollo”. Por el contrario, son los países industrializados y sus multinacionales los que se enriquecen con los recursos minerales y condenan a los países pobres a una economía primario-exportadora, sin posibilidades de industrialización y sustentando su crecimiento en recursos agotables.

Tampoco es verdad que se respete “el derecho soberano de explotar sus recursos minerales de acuerdo a sus prioridades nacionales, y la responsabilidad con respecto a la explotación de los recursos descritos”, porque el modelo neoliberal extractivista impone las condiciones que establecen las corporaciones multinacionales, a las que los Estados nacionales otorgan todas las facilidades tributarias, laborales y de mínimos requisitos ambientales y sociales. En este contexto, resultan totalmente debilitadas las “capacidades para desarrollar, gestionar y regular sus industrias de la minería”.

La minería depreda, contamina, vulnera derechos. Los Estados no cumplen con el requisito de la consulta y consentimiento previo, libre e informado para otorgar concesiones mineras. Siglos de saqueo territorial, de contaminación de las fuentes de agua, de impactos culturales, de desplazamiento y de criminalización de los pueblos indígenas confirman la incompatibilidad de la minería con el derecho a la vida.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) llama al movimiento indígena internacional, a los movimientos sociales y a los organismos de derechos humanos para movilizarnos en defensa de la vida y exigir que la minería la excluida como actividad para el desarrollo sostenible.

He aquí los parágrafos del documento en negociación referidos a la minería y que deben ser eliminados de los acuerdos finales de Río+20:

Minería

230. Reconocemos que los minerales y los metales hacen una importante contribución a la economía mundial y las sociedades modernas. Tomamos nota de que la minería es importante para todos los países con recursos minerales, en particular los países en vías de desarrollo. También tomamos nota de que la minería ofrece la oportunidad de catalizar un amplio desarrollo económico, reducir la pobreza y ayudar a los países en reunión de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los ODM, cuando una gestión eficaz y adecuada. Reconocemos que los países tienen el derecho soberano de explotar sus recursos minerales de acuerdo a sus prioridades nacionales, y la responsabilidad con respecto a la explotación de los recursos descritos en los Principios de Río. Reconocemos asimismo que las actividades mineras deberían maximizar los beneficios sociales y económicos, así como abordar eficazmente los impactos negativos ambientales y sociales. En este sentido, reconocemos que los gobiernos tienen fuertes capacidades para desarrollar, gestionar y regular sus industrias de la minería en el interés del desarrollo sostenible.

231. Reconocemos la importancia de los fuertes y eficaces marcos legales y regulatorios, políticas y prácticas para el sector minero que ofrecen beneficios económicos y sociales, e incluyen salvaguardias efectivas que reduzcan los impactos sociales y ambientales, así como a conservar la biodiversidad y los ecosistemas incluyendo la fase de cierre después de la minería. Hacemos un llamamiento a gobiernos y empresas para promover la mejora continua de la rendición de cuentas y transparencia, así como la eficacia de los mecanismos existentes para evitar que los flujos financieros ilícitos de las actividades mineras.

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Pueblos Indígenas Denuncian la Economía Verde y REDD+ 

Como la Privatización de la Naturaleza

                                                                                                                                                      

RIO DE JANEIRO –Pueblos Indígenas de todo el mundo participando en Río+20 denuncian que la Economía Verde y REDD+ privatizan la naturaleza, venden el aire que respiramos y destruyen el futuro.

 

El poderoso mensaje de pueblos indígenas a la cumbre de las Naciones Unidas se transmite con elocuencia en la Declaración No REDD+! En Rio+20 que fue lanzada esta manana por la Alianza Mundial de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales sobre Cambio Climático contra REDD y por la Vida. La Alianza advierte que REDD+ constituye una usurpación de tierras en todo el mundo y una gigantesca estafa de compensaciones de carbono.

REDD+ es una de las falsas soluciones al cambio climático y el pilar de la Economía Verde, promovida por las Naciones Unidas. Oficialmente, REDD + representa la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal. Sin embargo, Tom Goldtooth (Dakota/Dine'), Director de la Red Ambiental Indígena, insiste en que "REDD+ significa realmente Rapido Enriquecimiento con Desalojos, usurpación de tierras y Destrucción de la biodiversidad."

 

Así como el Jefe Seattle hace más de cien años preguntó: "¿Cómo se puede vender el aire?", Marlon Santi de la Amazonia ecuatoriana, condena el comercio de carbono y REDD+ y pregunta "¿Cómo se pueden vender a la Madre Tierra y al Padre Cielo?" Pero al parecer alguien está tratando de hacerlo, como demuestra la recién inaugurada Bolsa Verde de Río de Janeiro (BVRio), un mercado brasileño de valores para los créditos de carbono de los bosques.

 

“REDD+ no solo corrompe lo sagrado, es también una especulación financiera que sirve como lavado verde a las industrias extractivas como Shell y Río Tinto”, según Berenice Sánchez del Pueblo Nahua de México.

La Alianza sostiene que REDD+ es una "nueva ola de colonialismo." Desde Perú a Papúa Nueva Guinea, los mercaderes de carbono andan por todos lados tratando de estafar a las comunidades nativas y de apoderarse de los bosques del mundo, el 80% de los cuales se encuentran en las tierras y territorios de los pueblos indígenas.

"La carrera de REDD+ para acaparar nuestra tierra está encendida. Sin nuestra tierra, no somos nada. La Economía Verde y REDD+ pueden hacer dinero con el genocidio ", advierte el Sr. Santi.

 

"La crisis ambiental es cada vez peor, por las soluciones capitalistas falsas tales como REDD+. La verdadera solución a la crisis climática que afecta a los pueblos del mundo, especialmente de los pueblos indígenas, es proteger a la Madre Tierra, defender la justicia social y respetar las decisiones de los pueblos indígenas y el derecho a decir que no ", dijo Marife Macalanda de la Red de la Juventud Indígena de Asia Pacífico;

 

Activistas de derechos humanos, como el abogado Alberto Saldamando, también están preocupados por los abusos de proyectos tipo REDD+. "REDD+ pone en peligro la supervivencia misma de los pueblos indígenas y comunidades dependientes de los bosques. Pueblos Indígenas y comunidades locales están siendo sometidos a desplazamiento forzado y a violaciones de derechos humanos, incluyendo violaciónes a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, de acuerdo con la Secretaría de la Alianza.

 

Por su parte, La Via Campesina, una organización de los 300 millones de campesinos, rechaza REDD+, que no sólo incluye los bosques y los suelos, sino también la agricultura. "REDD pervierte la tarea de cultivar alimentos en agricultura de carbono" y podrá causar una "contra-reforma agraria" en todo el mundo, señala la declaración de la Alianza.

"No se dejen engañar", la Alianza insta. La Economía Verde y REDD+ constituye "un despojo del planeta". "Río +20 no es una Cumbre de la Tierra, es el de la OMC de la Vida."

 

ecuachaski