1. Exigimos la plena vigencia de la Constitución y la derogatoria de leyes, normas y reglamentos inconstitucionales.
2. No a la minería a gran escala. Cumplimiento del Mandato Constituyente n°6 (Minero). Exigencia a la Corte Constitucional para que resuelva la acción de incumplimiento de dicho mandato. Derogatoria de la Ley Minera por ser inconstitucional. Nulidad del contrato de explotación minera firmado el día 5 de marzo entre el gobierno nacional y la empresa ECSA Ecuacorriente. Presentación del informe de contraloría de este proyecto.
3. No ampliación de la frontera petrolera. Suspensión de la Décima y Decimoprimera Ronda Petrolera. Respeto a la autodeterminación de los pueblos libres (en aislamiento voluntario) y cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH. Suspensión de las operaciones en el bloque 31 y plena garantía de intangibilidad del ITT. Suspensión inmediata de la construcción del proyecto Poleoducto Pascuales – Cuenca.
4. No a los mega proyectos hidroeléctricos y multipropósito, que generan enormes impactos sociales y ambientales, sin resolver los problemas de fondo; donde el financiamiento vía créditos chinos exigen que las mismas empresas chinas sean las contratistas. Suspensión inmediata y fiscalización de la construcción del Proyecto Multipropósito Chone.
5. Aprobación de la Ley de Aguas para el Buen Vivir, que contemple el respeto a la prelación de las funciones del agua, la garantía del derecho humano al agua a través del establecimiento de un mínimo vital y gratuito, la creación del Fondo del Agua; la prohibición de los servicios ambientales; no a la contaminación y vertidos; la generación de instrumentos para la desprivatización del agua y su redistribución; y que respete y fortalezca la gestión comunitaria del agua con la participación de comunidades y organizaciones; y que se cree el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua. Ejecución inmediata del mandato de la vigesimoséptima transitoria constitucional para la auditoria del agua.
6. Aprobación de la Ley de Tierras y Territorios, que contemple la construcción de un modelo agrario para la soberanía alimentaria basado en la producción campesina, de pueblos y nacionalidades, que promueva la propiedad comunitaria y asociativa, que sancione al latifundio y la concentración de la tierra, y exija el cumplimiento de su función social y ambiental; que redistribuya la tierra a los campesinos sin tierra, priorizando a mujeres y jóvenes, y contribuya a reconstituir los territorios despojados; que implemente un programa de fomento agropecuario para la soberanía alimentaria garantizando el acceso a tecnología e industria rural, que establezca precios de sustentación y combata el monopolio de la comercialización de alimentos, fortaleciendo el intercambio y las empresas asociativas y comunitarias de acopio, procesamiento y comercialización; y que cree el Consejo Intercultural y Plurinacional Agrario para democratizar las políticas públicas del agro.
7. No firma de acuerdos de libre comercio. Suspensión inmediata de las negociaciones de TLC con la Unión Europea.
8. Protección efectiva de las economías populares y campesinas frente a los impuestos. Reforma del COOTAD. Derogatoria del art. 515 y eliminación del areteo del ganado. Derogatoria de la Ley de los Impuestos Verdes; Reforma de la Ley de Equidad Tributaria y otras que gravan las economías populares y campesinas; y restablecimiento de los impuestos progresivos que graven a las grandes economías.
9. Reconocimiento del transporte comunitario. Reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.
10. Protección y fortalecimiento del IESS. Exigir el pago de la deuda que el Estado mantiene con el IESS, además del equipamiento, rehabilitación y dotación de medicinas suficientes en todas las provincias del país, conforme a los requerimientos de sus afiliados. Aprobación del régimen especial para la seguridad social del trabajador autónomo. Jubilación de la mujer a los 25 años. Seguridad social amas de casa. Aprobación del proyecto de Reforma de la Ley de Seguridad Social (Art. Seguro Social Campesino) presentado por FEUNASSC.
11. Respeto a los derechos laborales. Exigir la garantía a la estabilidad laboral, libre organización sindical y derecho a la contratación colectiva; y la real eliminación de la tercerización y de las formas de flexibilización laboral. Derogatoria del decreto 813 y reintegro de los trabajadores y trabajadoras separados a través de las renuncias obligatorias (despidos intempestivos). Aprobación de la Ley de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos. Derogatoria de la Ley Orgánica de Servicio Público. Aprobación del nuevo Código Laboral demandado por las centrales sindicales.
12. Respeto y garantía del derecho a la educación. Derogatoria del bachillerato general unificado (BGU) y del sistema nacional de nivelación y admisión (SNNA). Implementación de ciclo básico común con una alternativa que respete el libre ingreso a la universidad. Reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior planteado por la FEUE para la plena vigencia del derecho al libre ingreso a las universidades, la autonomía, la libertad de cátedra y co-gobierno universitario. Garantía de un presupuesto digno para la educación pública. Reconocimiento del pasaje estudiantil. Creación de la Universidad Estatal de Cañar. Aprobación del proyecto de Ley de Reforma a la Ley de Educación Intercultural presentado por el magisterio, y restablecimiento de la gestión de la DINEIB y DIPEIBs a los pueblos y nacionalidades. Defensa de los derechos de las madres comunitarias, maestros y maestras a una jornada laboral pedagógica.
13. Respeto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la soberanía de los cuerpos y la identidad sexual. Abolición de la penalización de los derechos sexuales y reproductivos y la inmediata tipificación del feminicidio. Adopción de medidas legislativas y políticas públicas necesarias para garantizar la plena garantía de la soberanía de los cuerpos y la identidad sexual, los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de mujeres y hombres y una institucionalidad de género paritaria, para la consecución de una vida libre de violencias y el acceso a las justicias con igualdad de condiciones.
14. Democratización de la comunicación. Construcción democrática de una nueva ley que garantice la libertad de pensamiento, información, comunicación y cultura, de manera plurinacional e intercultural. Que garantice los principios fundamentales de la democratización real y la distribución equitativa de las frecuencias: 33% medios públicos, 33% para medios privados y 34% para medios comunitarios (organizaciones, comunidades, pueblos y nacionalidades, respetando su derecho propio); el ejercicio universal de la comunicación sin necesidad de un título profesional para los comunicadores populares y comunitarios; y el respeto al ejercicio profesional del periodismo. Que garantice a su vez la libertad de información y opinión que circulan en las redes sociales, el acceso universal al internet, la protección del derecho a la verdad, a la reserva de la fuente, al secreto profesional y el derecho a la opinión no penalizada.
15. No a la criminalización de la protesta social. Amnistía general a los procesados en las instancias judiciales, archivo de las causas y libertad inmediata de los detenidos políticos. Eliminación de los tipos penales que criminalizan la protesta social.
16. Cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada y pre - legislativa. Aprobación de la Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, respetando lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de NNUU sobre Pueblos Indígenas.
17. Respeto a las funciones jurisdiccionales de la administración de justicia indígena y pleno respeto de los gobiernos comunitarios de pueblos y nacionalidades.
18. Inmediata restitución de las instituciones indígenas: DINEIB, Salud Intercultural, Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades y Fondo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades, garantizando su autonomía.
19. Cese inmediato a los intentos de división y cooptación de ciertos dirigentes de pueblos y nacionalidades, y movimientos sociales, por parte del gobierno. No a la agresión verbal, psíquica, y física a los miembros de las comunidades, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales.
14 de marzo de 2012
CONAIE - Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ECUARUNARI - Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Frente Popular (UNE FEUE FESE CUBE CUCOMITAE UGTE CONFEMEC UNAPE JRE UCAE), Asamblea de los Pueblos del Sur.
